Expertos del sector piden al Gobierno aclarar el régimen sancionador de la futura ley de desperdicio de alimentario

20 de enero de 2022

La futura Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario debe salir adelante. Esta ha sido la declaración unánime del sector agroalimentario. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cuenta con todo su apoyo. El objetivo es reducir al 50 % el desperdicio alimentario para 2030.

El Anteproyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio alimentario se aprobó en octubre de 2021 en el Consejo de Ministros y su objetivo es reducir desperdicio de alimentos y fomentar buenas prácticas para el aprovechamiento de los mismos.

En el departamento del ministro Luis Planas tienen como objetivo aprobar esta ley en 2022 y que entre en vigor en 2023.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas recogen la aspiración de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita en el mundo, tanto en la venta al por menor y entre los consumidores, como en la cadena de producción y suministro.

Y este es precisamente el espíritu de la ley, cuyo anteproyecto recoge un régimen con cuatro tipos de infracciones graves, todas ellas relacionadas con la donación de alimentos, que pueden ser penadas con multas de entre 6.001 y 150.000 euros.

Las causas de esta infracción son impedir mediante estipulación contractual la donación de alimentos, no donar o distribuir los excedentes a empresas o entidades de iniciativa social o que las entidades sin ánimo de lucro receptoras no mantengan unas correctas prácticas de higiene en la conservación y manipulación de los alimentos.

También es causa de infracción grave la discriminación en el reparto de alimentos por alguno de los motivos mencionados más arriba. Se considerarán faltas muy graves, que pueden ser sancionadas con hasta un millón de euros, la segunda o posterior infracción grave reincidente.

Se considerarán motivo de infracción leve no aplicar la jerarquía de prioridades para el uso de alimentos, no contar con un plan de prevención de las pérdidas, no cuantificar éstas y no informar de las mismas o no disponer de los medios para asegurar que los alimentos no vendidos y que siguen siendo aptos para el consumo humano se donen a través de un pacto o convenio que regule la donación a organizaciones.

En el caso de las entidades de iniciativa social y sin ánimo de lucro receptoras de las donaciones, se considerará falta leve no distribuirlas a personas desfavorecidas o no garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un registro de entrada y salida. Las infracciones leves podrán ser sancionadas con multas de hasta 6.000 euros.

Una ley a debate

Para debatir y analizar la ley, Confilegal ha organizado, en el Club Financiero de Génova (Madrid), dos mesas de debate con expertos del sector. La primera de ellas ha debatido sobre ‘Los retos frente a la reducción del desperdicio alimentario’.

Las conclusiones:

• «El régimen sancionador es muy potente, queremos acotarlo, (…) porque no sabemos muy bien qué está dentro del régimen, cuáles son sus objetivos y buenas prácticas. Queremos más claridad», un punto destacado por Martínez Herrera.

• Cortiñas ha indicado que la participación de las Comunidades Autónomas es fundamental porque «hay determinadas cuestiones que están pegadas al territorio y por eso hay que buscar soluciones en el terreno». A su juicio, tanto esta ley como la Ley de la Cadena Alimentaria, «van a cambiar la manera de entender la cadena alimentaria del país».
• Por su parte, Sánchez Pello ha pedido «dejar libertad de actuación a las empresas, porque hay quienes tienen una política más enfocada a la donación, otras a la reducción y otras a evitar el desperdicio». En este sentido, ha reconocido que, aun estando de acuerdo con la futura ley, «hay un aspecto que nos preocupa relativamente, la jerarquía de gestión del desperdicio«. «Nos da miedo que se perturbe el sistema de gestión del día a día«.
• Boubault, por su parte, ha incidido en la importancia de la tecnología en este proceso. El Country Manager en España de Phenix ha explicado que desde su compañía «ayudamos a detectar aquellos productos que van a caducar próximamente, una vez detectados, el objetivo es darles salida en nuestro propio punto de venta a través de oferta comercial».

• En este sentido, Montse Cortiñas, vicesecretaria general de UPA, ha destacado que «para un productor de alimentos el desperdicio es un fracaso, hay que trabajar con tecnología, normas comerciales y descontractualización». «Esta ley contra el desperdicio es urgente abordarla, hablamos del impacto económico, pero es que tiene un impacto de emisiones que hace que perdamos recursos que no nos podemos permitir como sociedad y planeta«, ha añadido.

• Respecto a las bonificaciones fiscales, Paloma Sánchez Pello, directora de Competitividad y Sostenibilidad de FIAB, ha comentado que «es uno de los temas que hemos solicitado al Ministerio y hemos incorporado en nuestras alegaciones». «Hay otros países de la UE que tienen recogidas medias fiscales, por ejemplo, que no tuviera IVA ayudaría a incentivar aun más este tipo de donaciones, con incentivos fiscales sería una ley mucho más completa«. 

El desafío organizativo

Es una de las conclusiones de los expertos que participaron en la segunda mesa de debate del foro Confilegal ‘Los retos frente a la reducción del desperdicio alimentario’, que se celebró este miércoles con la participación de Sivarious como ‘media partner’.

El Anteproyecto de Ley plantea una jerarquía de prioridades de uso. Así, los alimentos que se donen deberán tener suficiente vida útil de almacenamiento para hacer posible su distribución y uso seguro a sus destinatarios finales.

Tanto las empresas agroalimentarias donantes como las organizaciones receptoras están obligadas a garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un sistema de registro de entrada y salida de los mismos. Sobre esto, los expertos opinan:

• Patricia Estanheiro, responsable Calidad Alimentaria de Hostelería Madrid, destac´ó que al sector de restauración «Nos funciona mejor que sea el propio cliente el que pueda salvar productos al final de la jornada, porque muchas veces podemos generar un bloqueo en las entidades que lo gestionan porque no tienen capacidad», explicó. En este sentido, apuntó que «muchas veces nos encontramos con un problema logístico porque las propias entidades no pueden distribuir, por eso nos esta funcionando mejor que sea el propio cliente el que vaya a recoger el producto, a través de una app, de modo que siempre queda reflejado donde va el producto. Sobre todo es un problema de logística».

• David Esteller, responsable del Proyecto Desperdicio Alimentario de AECOC, planteó que «hacer trazabilidad en organizaciones con estos procedimientos puede ser muy sencillo o muy complicado porque no todas tienen los sistemas informáticos que puede tener un distribuidor o un pequeño comercio». A su juicio, la trazabilidad «es fácil de explicar sobre un manual, pero es muy difícil de realizar».

• Por su parte, Clara Fuentes, responsable de asuntos públicos de las Asociación Marcas de Restauración, indicó que «Tendremos que ver cómo se va a cuantificar el desperdicio alimentario y si la cuantificación va a ser estricta y, por tanto, la empresa va a tener que invertir en formación de sus plantillas, sistemas de procesos, logística… así que abogamos por una política fiscal que se pueda aplicar de una manera eficaz. Desde la restauración valoramos positivamente la exención al IVA».
  • Desde esta asociación, explicó, «pedimos al Ministerio que se haga un estudio preliminar a la puesta en marcha de la ley, para saber de dónde venimos y después conocer su impacto». A su juicio, lo que se plantea en este anteproyecto es «una sostenibilidad financiera que va unida a la ambiental y a la social«.
• Adrián Martínez Bazaga, Food Market Leader de Bureau Veritas en España y Portugal, una compañía global que ofrece servicios y soluciones sobre aspectos como la inspección y la certificación, comentó que «Es necesario que la organización elabore una memoria pública de los resultados de un año y los retos que se plantea para el año siguiente». Así, «esa memoria es un compromiso que adquieren, no solo con su cadena de clientes, sino como rendición de cuentas«.

Sobre el objetivo que marca la Agenda 2030 de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita en el mundo, tanto en la venta al por menor y entre los consumidores, como en la cadena de producción y suministro:

• Esteller explicó que es posible dependiendo de la «foto inicial» de la situación de la que se parte. «Hay empresas que hace muchos años están trabajando en esto, si me pides reducir un 50% el desperdicio a partir de un 0,7% hay muy poco margen, con otras cifras es diferente».
• Por su parte, Estanheiro planteó que «es un buen momento para avanzar y ponernos en marcha, creo que la restauración es un sector comprometido que va a aprovechar esta oportunidad de retarse. Vamos a necesitar nuestro tiempo, pero creo que es un buen momento y que entre todos podemos llegar a ese objetivo«.
• Adrián Martínez valoró positivamente el anteproyecto. «Ojalá puedan cubrirse rápido los trámites para que pronto la ley pueda ser una realidad«.