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Esta semana se han reunido representantes de CEOE y CEPYME para analizar los efectos del Anteproyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, el registro de jornada y el derecho a la desconexión (ver resumen).
El resultado de este encuentro ha sido la publicación de un Informe de conclusiones en el que los empresarios rechazan la propuesta del Ministerio de Trabajo, ya que consideran que el borrador del anteproyecto de ley desnaturaliza el diálogo social y vulnera principios constitucionales.
- Negociación colectiva: Se considera que la propuesta afecta al derecho a la negociación colectiva, esencial para determinar la jornada y el salario, y por tanto, lo consideran inconstitucional. La imposición de una jornada máxima legal interfiere con los acuerdos alcanzados en los convenios colectivos, generando tensiones y conflictos laborales.
- Costes económicos: La reducción de la jornada laboral tendrá un impacto económico significativo en las empresas, especialmente en sectores intensivos en mano de obra y pequeñas empresas.
- Registro de jornada: La nueva regulación del registro de jornada es excesivamente intervencionista y generadora de inseguridad jurídica, además de imponer costos adicionales a las empresas.
- Derecho a la desconexión: Se considera que el derecho a la desconexión ya está suficientemente regulado y que la nueva propuesta es innecesaria y redundante.
- Régimen sancionador: El endurecimiento del régimen sancionador es desmesurado y puede poner en riesgo la viabilidad de las empresas.
- Evaluación y seguimiento: La disposición adicional sobre la creación de una mesa de diálogo social para evaluar la reducción de jornada es inconstitucional.
- Entrada en vigor: Se propone una entrada en vigor aplazada para permitir la adaptación de las empresas y la negociación colectiva.
En definitiva, CEOE y CEPYME consideran que el anteproyecto de ley es inconstitucional, intervencionista, y generará costes y conflictos significativos en el ámbito laboral.
