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La Confederación Española de Comercio (CEC), la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y Hostelería de España han expresado su preocupación por la falta de medidas por parte del Gobierno y solicitan apoyo urgente para la recuperación de los pequeños comercios, establecimientos hosteleros y negocios autónomos gravemente afectados por la DANA.
Más de 10.000 pequeños negocios han sufrido daños, con pérdidas económicas que superan los 1.700 millones de euros, poniendo en peligro miles de empleos en las zonas afectadas.
De las ayudas anunciadas por el Gobierno central, sólo el 9% son directas, una cifra totalmente insuficiente que no ayuda en el camino hacia la reconstrucción. El dato contrasta con el gobierno autonómico que ha destinado el 61% a ayudas directas, pese a que la Comunidad Valenciana es una de las regiones más infrafinanciada, situándose durante años en las últimas posiciones de distribución financiera por habitante.
Junto a la falta de ayudas directas, se suma el hecho que en torno al 50% de los pequeños negocios no cuenta con el pago de indemnizaciones por parte del Consorcio de Compensación de Seguros, lo que ha dejado a los pequeños empresarios en una situación de desamparo, sin los recursos necesarios para poder comenzar su recuperación.
Estos pagos les corresponden a los empresarios por el abono de las primas de los seguros y son fundamentales para agilizar la reconstrucción. A medida que pasan los días sin respuestas, más empresas se ven obligadas a cerrar, lo que agrava la crisis económica y el impacto social en los municipios impactados por la Dana.
Por ello, desde CEC, ATA y Hostelería de España se pide al Gobierno central el adelanto por parte del Consorcio del 50% del pago de los seguros a empresas de menos de 5 trabajadores para poder avanzar en la reconstrucción, así como un paquete de ayudas extraordinarias que incluya subvenciones directas para la rehabilitación y reapertura de los pequeños establecimientos dañados. Es necesario que se facilite a estos negocios el camino hacia la reactivación empresarial para impulsar la economía local y poder atender y dar servicio a las poblaciones afectadas.
La Comunidad Valenciana es una de las regiones con mayor presencia de pequeñas empresas, con un sector del comercio que representa el 13% del PIB regional, generando más de 200.000 empleos directos. La hostelería, representa el 9,1% del PIB y emplea a 160.000 personas en la provincia. En las zonas afectadas trabajan 51.000 autónomos, el equivalente a uno de cada tres trabajadores por cuenta propia de la provincia de Valencia, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Sin apoyo urgente, estos negocios no podrán sobrevivir, lo que llevará a la pérdida irreversible de empleos y actividades empresariales que tendrán una repercusión directa sobre la economía.
Más de tres cuartas partes de las empresas afectadas por la riada corresponden al sector servicios, entre los que se encuentra comercio, hostelería y autónomos, un sector que representa en la zona Dana el 72,9% del pago de cotizaciones sociales.
Las pérdidas millonarias en estos sectores esenciales no solo afectan a los trabajadores y empresarios locales, sino que pone en riesgo la estructura empresarial y la estabilidad económica de la provincia y de la comunidad autónoma, que tienen un impacto directo sobre la economía nacional.
«La situación es crítica e insostenible. Los pequeños empresarios y autónomos se encuentran al borde de la desaparición. El gobierno es el único que tiene capacidad suficiente de poder destinar los recursos necesarios para evitar este desastre. Las ayudas deben estar a la altura del impacto devastador de la Dana.
Si no reciben el apoyo urgente, se calcula que más del 30% de los negocios morirán, dejando a las poblaciones sin tejido empresarial, sin servicios vitales, provocando la destrucción de la principal fuente de empleo. No podemos permitir que miles de pequeños empresarios y autónomos, que son la base de nuestra economía, queden desamparados. La reconstrucción de la economía local no puede esperar más”, han declarado desde las organizaciones firmantes.
CEC, ATA y Hostelería de España instan al Gobierno de España a actuar con urgencia y responsabilidad para evitar la pérdida de un tejido empresarial, imprescindible para el desarrollo, impulso y la recuperación de la economía local de las zonas afectadas.