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SOLICITUD DE INCLUSIÓN DEL SECTOR DE LA HOSTELERÍA (CNAE 55 y 56) EN LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE VENCIMIENTO DE LOS PRÉSTAMOS DE LAS LÍNEAS DE AVALES ICO-COVID EN EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE RESPUESTA A LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA DE UCRANIA.
Entre las medidas aprobadas dentro del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania, se publicó el Acuerdo del Consejo de Ministros del 29 de marzo por el que se modifica el Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes con financiación avalada previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo (BOE-A-2022-4977).
En concreto —y entre otras cuestiones— se modifica la redacción del apartado sexto del anexo II —Alargamiento del plazo de los avales— del Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2021 en los siguientes términos:
«Sexto. Las entidades y los deudores podrán acordar en todo caso la ampliación de los plazos de carencia de la operación, debiendo comunicar la entidad asimismo al ICO, CESCE o CERSA dicha ampliación en la fecha máxima del 1 de junio de 2022. Para las ampliaciones de vencimientos que se soliciten y otorguen a partir del 31 de marzo de 2022, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas pertenecientes a los sectores con CNAE 01, 03, 493 y 494 tendrán derecho a una suspensión de seis meses de las cuotas de amortización del principal de la operación, bien en forma de ampliación del plazo de carencia vigente, bien en forma de carencia adicional si aquel hubiera terminado. Del mismo modo, también tendrán derecho a esta suspensión los autónomos y las pequeñas y medianas empresas de dichos sectores que cumplan con lo dispuesto en el apartado cuarto pero cuyo vencimiento de la operación avalada no sea ampliable por alcanzar los máximos previstos en los Apartados Segundo o Tercero según corresponda.»
Entre los CNAE indicados, Hostelería de España solicita que se incluyan los CNAE 55 y 56 entre los sectores con derecho a la suspensión de seis meses de las cuotas de amortización del principal de la operación.
Esta medida supondría una significativa ayuda, sin incremento en el gasto público, a un sector integrado fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas que representan el 6,4 % del PIB y dan empleo a más de 1,7 millones de trabajadores[1], y en el que el sector turístico —que de forma inevitable se va a resentir ante un panoramainternacional incierto—, representa cerca de un 40 % de la facturación del sector.
